Buenos Aires, Jueves, 16 de Septiembre
20 agosto, 2012 14:53 Imprimir

Los manuales de procedimientos empresarios como sistema preventivo de responsabilidad penal -Dr. Hernán Eduardo Sosa

LOS  MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EMPRESARIOS COMO SISTEMA PREVENTIVO DE RESPONSABILIDAD PENAL

 

por Dr. Hernán Eduardo Sosa

 

En los últimos años, por distintas razones, ya sean políticas o económicas, el derecho penal ha detenido su mirada hacia aquellos conflictos que trascienden el interés particular de las víctimas de delitos, como son los casos de delitos que se vinculan a la faz económica de la sociedad y del Estado.

 

Así es que ha cobrado gran preponderancia la normativa penal referida a los llamados delitos “empresarios”, tributarios, aduaneros, cambiarios, como también se ha enriquecido el análisis en la doctrina y jurisprudencia respecto de las distintas clases de estafas contenidas en el Código Penal.

 

En esa dirección, es que en estas materias se ha ido dejando de lado cuestiones relativas a la distinción entre acciones y omisiones, se han reemplazado las teorías naturalísticas causales por reglas de imputación objetiva, así como teorías de autoría y participación basadas en el del dominio del hecho,  por principios normativos.

 

A nadie escapa que la gran mayoría de las veces en estas clases de delitos el derecho penal se convierte en meramente simbólico y destinado a la prevención general negativa respecto del minúsculo porcentaje población destinatario de la norma, pero es justamente esta porción de la sociedad, compuesta por la dirigencia empresaria, la que debe prevenir las consecuencias indeseables que importan estar sometido a un proceso con la incertidumbre que genera para la persona la posible aplicación de una sanción penal.

 

Pero ya entrando en el tema, vemos como en las organizaciones empresarias es vital para el adecuado ejercicio de sus funciones y fines, la distribución de tareas que hace a la dinámica cotidiana de la institución. De esta manera, podemos citar básicamente dos sistemas de organización, uno horizontal y otro vertical. Independientemente del sistema que se adopte, a cada una de las personas que se desempeñe en la organización le es asignado un rol y competencia dentro del que debe desarrollar su labor, ateniéndose a las reglamentaciones y procedimientos internos de la organización.

 

Esta delimitación de las tareas cumple con distintas finalidades.

 

Una de ellas es la de definir ámbitos de funciones específicas que crean previsibilidad y expectativas en el resto de los sujetos que forman parte de la organización. Así, en las empresas que adopten un sistema de organización horizontal primará el principio de confianza, caracterizado por la creencia de los integrantes de organización que cada uno ellos cumplira debidamente con los deberes y obligaciones que su rol le impone.

 

Distinto ocurre en aquellas empresas que se caracterizan por tener una distribución jerárquica vertical, dado que en ellas se privilegiará la delegación de funciones, lo que importa aspectos de dependencia y subordinación que surgen evidentes de los distintos niveles de mandos en cuanto a la toma de decisiones y su ejecución.

 

Pero esta delimitación de funciones surge exclusivamente de un análisis empresario, valorado a partir de los costos y beneficios que resulten de la distribución de tareas, siendo el derecho penal ajeno a estas decisiones que forman parte de la política empresaria de cada institución.

 

Otras de las consecuencias que se desprende de la individualización de los roles y competencias internas, y la que aquí más importa, es la determinación y reparto de responsabilidades penales entre los integrante de la organización.

 

Dentro de éste contexto, las grandes empresas confeccionan y ponen en práctica manuales de procedimientos internos tendientes a delimitar tareas, abrazar la mayor eficiencia y como consecuencia la máxima renta.

 

Así en estos manuales de procedimiento se determinan, entre tantas cosas,  las distintas áreas, sus jerarquías, sus funciones y competencia, sus deberes de reporte y control, etc..

 

Pero esta determinación empresaria en la confección de los manuales de procedimiento tendrá directas repercusiones en las hipotéticas responsabilidades penales de las personas que cumplan funciones dentro de la organización, sean ellos directivos o empleados.

 

En efecto, las consecuencias a partir de esta decisión pueden ser variadas y muy disímiles.

 

Evidentemente, hasta aquí nada puede decirse de estas determinaciones que se encuentran exclusivamente dentro de órbita de las decisiones de los empresarios y por lo tanto hasta aquí ajenas al derecho penal.

 

Pero, debemos preguntarnos cuánto pueden influir las normativas establecidas en los manuales de procedimiento interno dentro de la determinación de las hipotéticas responsabilidades penales de los funcionarios y empleados de las empresas por hechos que perjudiquen a la propia organización o a terceros.

 

Créanme que su influencia no es poca.

 

Como adelantamos, sin perjuicio que los manuales tienden a la regulación de los procedimientos también crean reglamentaciones internas que dan certidumbre y crean expectativas en el resto de los integrantes de la organización en cuanto al cumplimiento de sus deberes y tareas cotidianas.

 

En ese sentido, el derecho penal opera sobre la previa determinación de los roles que se formulan en el interior de la organización y los utiliza posteriormente como herramienta de imputación por los actos de sus directivos y/o empleados que los excedan y que revistan características de ilegalidad.

 

Pero para ello, como primer eslabón de la cadena, debe cumplirse con un paso formal inicial, que debe darse para que el cumplimiento de los manuales sea exigible a los integrantes de la organización y es que emane de los órganos previstos con facultades necesarias para su confección, modificación e instrumentación.

 

Por otro lado, como no puede exigirse a otro lo que no conoce, uno de los requisitos fundamentales para el cumplimiento de las normas que se establezcan en el manual será que las mismas sean conocidas por sus destinatarios, previo a que sea puesto en práctica.

 

La pregunta que sigue es cómo se vinculan las competencias determinadas en el manual de procedimiento con el derecho penal.

 

Como sabemos, la investigación de un delito tiende básicamente a acreditar la comisión de un hecho, sus responsables y el reparto de estas responsabilidades.

 

Para ello la investigación debe nutrirse de pruebas que tiendan a ello, siendo un herramienta fundamental para determinar la responsabilidad de los funcionarios y empleados de la organización los roles y ámbitos de competencia de cada uno de ellos, que permitirán al investigador individualizar a los sujetos y delimitar las responsabilidades de cada uno de ellos dentro del hecho.

 

Con ese sentido, es que debemos tener presente que los manuales de procedimientos no deben ser únicamente confeccionados, modificados u observados cuando nos encontramos a las puertas de la certificación de normas de calidad. Sino que, por el contrario, los manuales y sistemas de control interno deben ser aplicados y actualizados acorde a la realidad de la empresa en momentos de mayor y menor prosperidad. Y es en éstos últimos donde nos serán de importante utilidad, dado que permitirán el control estricto de los recursos en tiempos de escasez, al reducir los márgenes de pérdidas de activos por corrupción interna y/o externa.

 

El devenir cotidiano de la empresa no debe dejarnos perder de vista que ante situaciones de conflicto que importen responsabilidades penales, por hechos internos o externos, debemos contar con elementos normativos que nos den referencias actuales de los ámbitos de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la organización. Para ello, no debemos esperar a que estas situaciones se desarrollen, sino que debe implementarse un sistema preventivo de responsabilidades que sea de utilidad y lo suficientemente adaptable a las necesidades y situaciones cotidianas que se presentan en los distintos ámbitos de las organizaciones y en su interrelación.

 

Con una mirada preventiva es oportuno al momento de analizar la confección de los manuales de procedimientos empresarios o sus modificaciones, la mirada y sugerencia de profesionales del derecho penal, que a partir de su experiencia y conocimientos del derecho penal empresario puedan sugerir, adaptando a las necesidades de cada empresa, cuales resultan ser aquellas reglamentaciones internas apropiadas que disminuyan al máximo los resquicios de impunidad y corrupción interna y que tiendan a prevenir, a partir de procedimientos ágiles, hechos que puedan perjudicar patrimonialmente a las empresas y penalmente a directivos y empleados.

 

Dr. Hernán Eduardo Sosa

hernansosa2000@hotmail.com

Egresado de la especialización de Derecho Penal de la Universidad Austral. Ex Secretario de Cámara, integrante del staff de abogados del Estudio Jurídico Pablo J. Lanusse & Abogados

Agosto 2007

 

 

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