Reflexiones sobre el impacto de la presión tributaria en el sector agrícola – Dr. Darío Moreira

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Son recientes las decisiones adoptadas por el Gobierno que tienen origen en la urgente necesidad de generar mayor caudal de ingreso de dólares, al mismo tiempo poner un freno a la caída de reservas y lograr mayor fortaleza macroeconómica.

Las mismas forman parte del anuncio de un paquete de medidas económicas[1] con las que se aspira a mejorar el ingreso de divisas provenientes de sectores como el agro y, al mismo tiempo, un Programa de Compensación y Estímulo para pequeños productores de soja y cooperativas, tendiente a mejorar su rentabilidad y competitividad.[2]

En relación de los Derechos de Exportación, se estableció un esquema transitorio de reducción de retenciones para las ventas al exterior de grano de soja y sus principales derivados con el objetivo que el sector agropecuario liquide las más de 17 millones de toneladas de cosecha que se estiman que los productores poseen almacenadas en silobolsas y 8 millones más de toneladas a liquidar en manos de la industria y exportadores.[3]

Para el complejo sojero consiste en una baja de 3 puntos porcentuales de los Derechos de Exportación. En octubre bajará del el 33% al 30%, para luego subir al 31,5% en noviembre, al 32% en diciembre y retornar al 33% en enero. Además, se anunció que la baja será mayor para los subproductos de la soja. Del 33% actual, el aceite y la harina pasarán a tributar entre un 27% y 28% para terminar en un 31% en enero.

Como se observa, apunta a un esquema en el que la exportación de granos, finalizada la transición, quede con una retención mayor que los productos derivados.

Esta situación genera un escenario propicio para poner en contexto y reflexionar acerca de la relevancia del aporte que hace el campo a nuestra economía.
Lo plantearemos en tres preguntas que permiten dimensionar su impacto en términos reales:

1) ¿Cuánto aporta el agro al Estado?

2) ¿A cuánto asciende la participación del Estado en la renta agrícola?

3) ¿Qué percepción tienen los productores sobre la situación actual y cuáles son sus motivaciones para no vender los granos?

Encontraremos respuestas fundadas en recientes estudios económicos realizados por reconocidas entidades del sector.

Para cada pregunta, iremos señalando una síntesis de los mismos para finalmente arribar a algunas reflexiones finales.

 

1) ¿Cuánto aporta el agro al Estado?

En este punto resulta interesante remitirse a un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario[4] que señala que la recaudación total del campo y la agroindustria en concepto de impuestos nacionales habría ascendido a $1.144.000 millones de pesos en 2019 (aprox. US$23.700 millones), representando un 20,9% de la recaudación total del Estado Nacional en dicho año -sin computar impuestos de jurisdicción provincial-.

Ello significa que $1 de cada $5 pesos que ingresaron a las arcas del Estado Nacional se encontrarían explicados por la actividad del campo y la agroindustria.

 

 

Los impuestos que generan mayor recaudación a nivel nacional fueron el IVA, Derechos de Exportación, Impuestos a las Ganancias de Sociedades y Personas Físicas e Impuestos a los Débitos y Créditos bancarios.

Dentro de la tributación del sector, el IVA es el impuesto de mayor incidencia siendo que representa cerca del 33%del total recaudado, generando una recaudación total de $380.832 millones. Le siguen los Derechos de Exportaciónque explicaron un 31% del total con $358.070 millones, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social que explican un 19% del total con $214.046 millones.

A su vez, resulta interesante observar en dicho informe como se conforma la masa total tributada por el sector divido en seis eslabones: sector primario; sector secundario (manufacturas de origen agropecuario); comercio relacionado al campo y la agroindustria; servicios conexos; transporte de productos agrícolas, ganaderos y agroindustriales; y maquinaria agrícola.

 

 

2) ¿A cuánto asciende la participación del Estado en la renta agrícola?

Aquí encontramos respuesta en la medición de septiembre de 2020 que realiza la Fundación FADA.[5] La misma arroja una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 62% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $62 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.

En tanto que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 62%, la participación del Estado en soja es del 66,6%, maíz 52,9%, trigo 57,2% y girasol 56,3%.

El índice de septiembre 2020 es 6 puntos porcentuales más bajo que el de junio del corriente año, donde la mejora de precios de los cuatro granos lo explica gran parte. A esto también se suma la mejora del tipo de cambio oficial.

En términos interanuales, se verifica un incremento de 5,6 puntos porcentuales en relación al índice de septiembre de 2019 (que en aquel entonces fue del 56,4%).

  • Matriz de la composición de los impuestos sobre la renta agrícola

En el siguiente esquema se puede observar cómo evolucionó en el último año la composición de los principales impuestos, calculados en proporción a una hectárea agrícola:

 

 

El 62% de participación del Estado en la renta agrícola está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 62,6% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los Derechos de Exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, explican el 31,6% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos bancarios) y el IVA.

Las provincias reciben parte de este 31,6% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. A efectos del cálculo, se consideró el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos. Así, los impuestos provinciales explican el 5,1% de los impuestos totales.

Los impuestos municipales (tasas) explican el 0,6% del total de los impuestos, siendo el componente principal las tasas viales.

Con respecto a septiembre de 2019, los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,7% al 62,6%, mientras que todo el resto cayó en participación. Este cambio en la composición es resultado del incremento de los Derechos de Exportación (DEX), que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias. Para recordar, hubo suba de DEX en diciembre de 2019 y en marzo de 2020.

En cambio, en el último trimestre, que los DEX se mantuvieron constantes, la participación de los impuestos nacionales coparticipables se incrementó debido a la mejora de precios, que lleva a mejora en los márgenes y a un mayor aporte del impuesto a las ganancias.

Así, la vigencia de los DEX impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías: 1) incrementa los recursos no coparticipables en manos de Nación; 2) reduce los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; 3) vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación.

  • Cepo cambiario

Las restricciones impuestas al acceso al tipo de cambio oficial, más conocido como cepo cambiario, han generado una importante brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el dólar “blue”. Dicha brecha provoca un desincentivo a la inversión y la producción, ya que cada dólar ganado, luego de afrontar costos y riesgos, vale menos.

Este tipo de brechas generan expectativa devaluatoria debido a que el precio de referencia pasa a ser el tipo de cambio libre. En la economía genera un incentivo de las personas a adquirir y stockearse de bienes dolarizados.

En el sector agropecuario produce dos efectos: por un lado incentiva a una mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar, tratando de no quedarse con pesos que pierden valor de manera constante, en un contexto de dolarización obstaculizada y con tasas de interés de plazos fijos y fondos de inversión negativas en términos reales; por otro lado, genera incentivos a stockearse de bienes dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios, situación que ha llevado a un excelente nivel de ventas a estos sectores.

 

3) ¿Qué percepción tienen los productores sobre la situación actual y cuáles son sus motivaciones para no vender los granos?

En este caso, podemos recurrir al Ag Barometer[6] elaborado el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. El mismo proporciona medidas nacionales sobre las percepciones del sector agropecuario en la Argentina que muestran la evolución de su confianza a lo largo del año.

El relevamiento es reciente (de septiembre 2020) y recoge las respuestas de encuestas a 400 productores, cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a US$200.000 dólares y es realizada por Map of Agriculture[7].

  • Ritmo de ventas

Se consultó a los productores sobre el ritmo de ventas que llevan sobre el producido de la campaña gruesa 19/20. El Ag Barometer reveló que solo un tercio de los productores ya han vendido todo. Prácticamente la mitad de los productores manifiestan tener guardado hasta la mitad de la producción, y casi un 15% los que todavía guardan más de la mitad.

En cuanto al motivo que lleva a los productores a guardar parte de la producción, la mitad de los productores manifiesta que es la reserva que permitirá cubrir alquileres y otros gastos de producción, mientras que menos de un 10% respondió la expectativa de precios más altos.

Es interesante notar que un cuarto de los productores no vende sus saldos de granos por cuestiones financieras (atraso del tipo de cambio, falta de alternativas de inversión en pesos y cobertura frente a la inflación).

Se exhibe lo expresado en la siguiente infografía:

 

 

  • Financiamiento

En cuanto a las fuentes de financiamiento a la que recurren los productores, el relevamiento arrojó que un cuarto manifestó no necesitar financiamiento. Un 40% de los productores recurre al financiamiento bancario, sea a través de créditos o de tarjetas. Aproximadamente un 30% apuesta a canjes de futuros o a créditos con proveedores (comerciales). Aquí se ve el impacto de las bajas tasa de interés en pesos (incluso negativas respecto de la inflación proyectada) en la elección de la fuente de financiamiento. Un año atrás el crédito bancario sólo representaba un 14% y el de proveedores un 53%.

 

REFLEXIONES FINALES

Del análisis de los informes expuestos y las repercusiones que han tenido las medidas implementadas por el Gobierno, es posible arribar a algunas reflexiones:

  • El sector agro realiza un aporte significativo a las arcas del Estado. En términos de impuestos nacionales, $1 de cada $5 pesos que ingresaron a las arcas del Estado Nacional durante el 2019, se encontrarían explicados por la actividad del campo y la agroindustria.
  • La presión tributaria que recae sobre el campo es elevada y registra un aumento de 5,6 puntos porcentuales en relación al índice de septiembre de 2019 (que en aquel entonces fue del 56,4%).
  • El paquete de medidas de índole temporal anunciadas por el Gobierno responde a la necesidad urgente de generar mayor caudal de ingreso de dólares, haciendo foco exclusivamente en la recaudación, desatendiendo medidas que incentiven la inversión y la producción para exportar.
  • No se advierte con claridad que la disminución transitoria de los Derechos de Exportación sea suficiente para que los productores opten por vender la soja que conservan en sus silos y si esto realmente impactará positivamente en el ingreso de divisas a la economía argentina.
  • Las medidas de fondo deben apuntar a generar confianza del sector a través de un plan económico que incentive una mayor comercialización de la cosecha. Resulta fundamental consensuar medidas con la mirada puesta en el sector primario, las economías regionales y con orientación al largo plazo para incrementar las exportaciones agroindustriales.
  • Algunos trascendidos indican que en una segunda etapa podría tener lugar un plan estructural con beneficios fiscales e impositivos destinados a los productores agropecuarios. Entre las medidas que se contemplan se incluye la posibilidad de que los productores descuenten del impuesto a las Ganancias un porcentaje de 120% de las facturas relacionadas a la compra de fertilizantes, y de 150% las que están relacionadas con seguros y semillas fiscalizadas. También se plantea un plan canje de maquinaria agrícola, vehículos e implementos, entre otros incentivos.
  • Distintas instituciones y analistas han cuestionado severamente la efectividad del paquete de medidas. Las entidades rurales que representan a los productores han manifestado un fuerte malestar afirmando que el beneficio está dirigido a la industria y exportadores y deja afuera a los productores agropecuarios, generando una transferencia de recursos de los productores a la industria,
  • Se requiere aumentar la provisión de dólares genuinos con políticas de exportación y que a la vez incentiven el ingreso de inversiones desde el exterior. No se vislumbran medidas que generen condiciones para el ingreso de dólares desde el exterior.
  • En una gran proporción los productores guardan sus saldos de granos como reserva de valor, para cubrirse de sus gastos de producción, o por cuestiones financieras (atraso del tipo de cambio, falta de alternativas de inversión en pesos y cobertura frente a la inflación). Es una forma de autofinanciarse frente a las distorsiones, brecha cambiaria, inflación y falta de previsibilidad que presenta nuestra economía. Ante una moneda como el peso que pierde valor en forma constante, los productores guardan granos porque consideran que continúa siendo la “moneda” más estable.

En algunos sectores de la economía se empiezan a vislumbrar signos de desabastecimiento (escasez de mercaderías y maquinarias) por decisiones de postergar o interrumpir ventas ante la incertidumbre si podrán reponer los bienes o a qué costo se podrá hacerlo.

 

 

Dr. Darío Moreira

Consultor Tributario

 

 

 


[1] Detalle del anuncio completo: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-anuncio-una-bateria-de-medidas-para-impulsar-la-produccion-y-las-exportaciones

[2] Decreto (PEN) 786/20 (B.O. 2/10/20).

[3] Decreto (PEN) 790/20 (B.O. 5/10/20)

[4] https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-campo-y-2

 

[5] http://fundacionfada.org/informes/indice-fada-septiembre-2020-62/

[6] https://www.austral.edu.ar/cienciasempresariales/agronegocios/investigacion/ag-barometer/#el-informe

[7] www.mapofagriculture.com.ar