La reforma judicial y la prensa libre – Dr. Octavio Sillitti

El proyecto de reforma judicial establece la obligación de que los jueces comuniquen inmediatamente al consejo de la magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de los poderes políticos, económicos, o mediáticos y solicitar las medidas necesarias.

Los máximos organismos internacionales de derechos humanos siempre remarcaron en sus resoluciones y sentencias la importancia del derecho a la libertad de expresión como un pilar fundamental del Estado de Derecho. Pero más aún, estos organismos resaltan el trabajo trascendental de los medios de comunicación en trasmitir a la sociedad asuntos de interés público.

En este sentido, el tribunal europeo de derechos humanos estableció la importancia de proteger a los medios que investigan y publican casos que comprometen al poder político de un Estado. Para el TEDH la interferencia de las autoridades estatales en estas investigaciones periodísticas de relevancia publica no es compatible con el artículo de la convención europea que consagra la libertad de expresión[1].

Es inobjetable el rol que cumplen los medios de comunicación en la investigación periodística de casos de relevancia pública como la corrupción. Estos organismos internacionales destacan el rol que tiene la prensa en impulsar investigaciones judiciales y dar a conocer a la sociedad casos aberrantes producidos en las más oscuras sombras del poder político. Se puede encontrar varios ejemplos en el mundo de cómo la publicación de investigaciones periodísticas han llevado a la justicia a actuar. Cuando la justicia se encuentra paralizada y omite ejercer su trabajo, es la sociedad quien debe manifestarse en pedir justicia.

Respecto a los casos de corrupción los medios de comunicación jugaron un rol importante en casos emblemáticos. Han desempeñado un doble papel: no solo sensibilizan al público sobre la corrupción, sus causas, consecuencias y posibles soluciones, sino que también investigan y denuncian incidentes de corrupción que ayudan a otros órganos del poder judicial en su actuación.

Más aún, como ha dicho la ex Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul los medios de comunicación juegan un rol importante en el mecanismo de rendición de cuentas del poder judicial, el cual no solo debe rendir cuentas en su aparato interno sino también de manera externa. La ex Relatora Especial considera que la rendición de cuentas judicial de carácter externo debería consistir en el análisis de la labor de los jueces a través de los medios de comunicación, la sociedad civil y otros medios de análisis[2].

Incluso, la Relatora señaló no solo la importancia de una rendición de cuentas por parte de los jueces en su función judicial sino también del poder judicial como institución: “la rendición de cuentas institucional de carácter externo debería abarcar actividades por las que los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, la sociedad civil, las comisiones de derechos humanos y el parlamento, pueden vigilar el funcionamiento de la judicatura y la fiscalía”.

Resulta difícil entender qué quisieron establecer los redactores del proyecto introduciendo a los medios de comunicación como una amenaza a la independencia o imparcialidad de los jueces. De por si el término “influencia” es vago y no se compara con el termino de ejercer “presión”, lo cual predispone a la posibilidad de requerir medidas contra cualquier actividad de la prensa que el juez entienda que obstruye con su objetividad. Cuando en realidad son los jueces quienes no deben perder su objetividad e imparcialidad bajo ninguna circunstancia y no los medios de comunicación en limitarse o restringirse en sus investigaciones o publicaciones por que pueden “influenciar” a los jueces.

Esta disposición legislativa bajo la órbita del derecho internacional claramente significa una interferencia ilegitima contra la libertad de expresión y con la función fundamental que cumplen los medios de comunicación en dar conocimiento a través de sus investigaciones de casos sensibles para la sociedad. Como ha dicho el historiador romano Suetonio: “en un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres”.

Dr. Octavio Sillitti

Agosto 2.020