Buenos Aires, Miercoles, 23 de Septiembre
6 agosto, 2020 12:00 Imprimir

La importancia de la digitalización para nuestro futuro – Dr. Alfredo Collosa

 

 

El objetivo del presente comentario es repasar algunos conceptos que considero importantes vinculados a la digitalización de los países, la cual la entiendo es vital para fomentar el desarrollo brindando una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Para ello me apoyaré en recientes estudios publicados vinculados a datos abiertos, gobierno electrónico, el índice Govtech, la brecha digital y el futuro del teletrabajo, entre otros temas.

Estamos en un momento histórico en materia de la digitalización de los Estados todo lo cual se aceleró, de manera no planificada e imprevistamente, debido a las medidas de aislamiento producto de la pandemia del coronavirus.

Estoy convencido que los países que aprovechen y apuesten por la digitalización tendrán muchas más posibilidades de desarrollo que aquellos que dejen pasar la oportunidad.

Sin dudarlo que hay muchos aspectos más por considerar en el tema de digitalización y el desarrollo de los países, pero con el presente comentario sólo pretendo abrir el tema a debate ya que considero fundamental que estos temas estén en la agenda diaria de nuestros países.

 

 

1)Datos abiertos

La Carta Internacional de Datos Abiertos los define como que son puestos a disposición del público con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Los datos abiertos nos deben permitir a todos accederlos a través de formatos digitales, utilizarlos, a través de la estructuración en formatos o estándares que faciliten la interoperabilidad y compartirlos, a través de su certeza jurídica e integridad.

En la era digital, la “economía de los datos” se está convirtiendo en el nuevo “oro negro” que aceita el motor del crecimiento económico.

Los datos, masivos y abiertos, son esenciales para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus estados y hacerles partícipes de la acción pública, facilitando el acceso a la información y mejorando la calidad de los servicios públicos.

Siguiendo las conclusiones de la publicación Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe (2020 OECD – BID)[1] los gobiernos de todo el mundo tienen una gran oportunidad para generar valor público al permitir la publicación, el intercambio y el acceso a los datos del sector público.

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están altamente comprometidos con la agenda de datos abiertos. La región tiene la mayor cantidad de países que adoptan la Carta Internacional de Datos Abiertos (11 en total).

Además, el 81% ya cuentan con una estrategia adecuada a mediano plazo sobre datos abiertos gubernamentales (DAG), en comparación con el 84% de los países de la OCDE, y el 75% tienen un plan de acción nacional de DAG que incluye la implementación de portales y publicación de datos abiertos.

El índice de datos abiertos, útiles y reutilizables (OURdata)[2] apoya el desarrollo, la implementación y el impacto de políticas sólidas de datos abiertos para los países de la OCDE.

En promedio, los países de ALC obtuvieron 0,43 puntos, en comparación con 0,60 de la OCDE en 2019. Existe un marcado contraste en los niveles de desarrollo de la región de ALC respecto de DAG; Colombia (0,88), México (0,71) y Brasil (0,63) lideran en la región con puntajes más altos que el promedio de la OCDE (0,60), mientras que Argentina tiene un promedio de 0,53.

Sin embargo, países del Caribe como Bahamas (0,04) y Dominica (0,00) aún no están implementando políticas de DAG, según las mide OURdata.

 

Gobierno electronico:

 

Existen varias definiciones de Gobierno Electrónico. Así por ejemplo la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico dice que es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, en los órganos de la Administración Pública, para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y de la activa participación de los ciudadanos.

La OCDE lo define como el uso de las Tecnologías de la Información y Telecomunicación, particularmente la Internet, como una herramienta para alcanzar un buen gobierno.

Es importante señalar que el gobierno electrónico es un instrumento para lograr el mejor funcionamiento del Estado, y no para convertirse en un fin en sí mismo; razón por la cual debe tener una gestión transparente.

El Gobierno Electrónico tiene como principales funciones las siguientes[3]:

  • Suministrar atención “a la medida” de las necesidades de los usuarios.
  • Incorporar productividad, calidad, y valor a los servicios.
  • Facilitar más y mejores prestaciones a los ciudadanos, resolviendo trámites, consultas, reclamos, y sugerencias “en línea”.
  • Dotar de puntos de acceso sencillos y unívocos para dar satisfacción a las necesidades informativas y de servicio.
  • Ampliar la participación ciudadana
  • Reducir el costo de las transacciones.
  • Incrementar la transparencia de la gestión pública.
  • Mejorar el acceso a los servicios que provee el Estado

Entre las enormes ventajas del gobierno electrónico se citan la mayor transparencia gubernamental permitiendo a los ciudadanos tener más acceso a información y así obligando a los oficiales a una rendición de cuentas más clara, lo cual es fundamental para luchar contra la corrupción.

También mayor eficiencia de trámites, ya que el uso de las Tics en trámites implica una menor necesidad de papel, espacio físico, traslado, y otras inconveniencias asociadas con la administración pública.

Ahorrar estos recursos, además de acelerar los tiempos (por ejemplo, enviando un formulario vía internet en vez de usar el correo), hace del gobierno electrónico una alternativa más eficiente.

También una gran ventaja es la mejora en la calidad de servicios, teniendo al ciudadano usuario como centro. Las Tics permiten tener más datos sobre los usuarios de servicios públicos y ciudadanos en general, lo que permite ajustar los servicios para mejorar su calidad.

Respecto a este tema la reciente encuesta de Gobierno electrónico de la ONU [4] destaca que el año 2020 fue testigo de un cambio transformador en el desarrollo mundial.

Esta encuesta evalúa el desarrollo del gobierno digital de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas en la identificación de sus fortalezas, desafíos y oportunidades, así como la información de políticas y estrategias.

La misma sirve para apoyar los esfuerzos de los países por proporcionar servicios digitales eficaces, responsables e inclusivos a todos y para salvar las brechas digitales en el cumplimiento del principio de no dejar a nadie atrás.

 

Desde su creación en 2001 se ha convertido en una herramienta indispensable de clasificación, cartografía y medición del desarrollo para los ministros de digital, los encargados de la formulación de políticas y los analistas, que profundiza en el análisis comparativo y la investigación contemporánea sobre la administración electrónica.

La encuesta destaca que estamos en tiempos sin precedentes por la pandemia COVID-19.

Si bien la pandemia ha revitalizado el papel de la administración electrónica, tanto en su prestación convencional de servicios digitales como en los nuevos esfuerzos innovadores en la gestión de la crisis, también ha puesto en la primera vista desafíos y múltiples formas de brechas digitales, especialmente entre los grupos más pobres y vulnerables.

A nivel mundial, la Encuesta de 2020 destaca una tendencia positiva persistente hacia niveles más altos de desarrollo del gobierno digital.

Más del 65 % de los Estados miembros, 126 países, han obtenido muy bien los niveles altos y muy altos de los índices de desarrollo de los gobiernos electrónicos.

Más del 20 %, 42 países, registraron movimientos al alza de niveles más bajos a más altos de desarrollo de la administración electrónica.

Este progreso positivo es visible incluso en países en situaciones especiales y en aquellos con recursos limitados.

Es importante destacar que, si bien las clasificaciones de gobierno electrónico tienden a correlacionarse con el nivel de ingresos de un país, los recursos financieros no son el único factor crítico para avanzar en el gobierno digital.

Muy a menudo, la voluntad política de un país, el liderazgo estratégico y el compromiso de promover los servicios digitales, pueden mejorar su clasificación comparativa.

Cerca del 80 % de los países ofrecen servicios digitales para jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes y personas pobres, lo que refleja la visión de 2030 Agenda de no dejar a nadie atrás.

El desarrollo regional sigue las tendencias mundiales, con las cinco regiones mejorando la administración electrónica.

Al mismo tiempo, la Encuesta de 2020 reveló que existen divisiones del gobierno digital dentro y entre las regiones, a pesar del avance general a nivel mundial.

Si bien las regiones de Asia y las Américas son muy comparables en su desarrollo digital en general, las brechas entre los países de Asia son más amplias.

 

También se observan brechas entre los países de África y de América Latina y el Caribe.

Ha habido un aumento de las iniciativas regionales y asociaciones con un enfoque estratégico en el gobierno digital. Especialmente los dirigidos por las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, como la Unión Africana y la Unión Europea.

Estas iniciativas van desde:

  • economía digital,
  • comercio digital,
  • gobierno abierto y datos abiertos,
  • evaluación centrada en el usuario de iniciativas digitales,
  • los esfuerzos de mitigación del riesgo de desastres, y
  • digitalización a gran escala de las funciones del sector público.

 

La adopción de políticas digitales estratégicas y planes de aplicación a nivel nacional y regional figuran entre las recientes iniciativas políticas.

Estas iniciativas demuestran la importancia de la cooperación regional y la pertinencia de los esfuerzos de transformación digital.

Tal como se expresa en el gráfico provisto por la encuesta dentro de la región de ALyC los países mejor posicionados son Usa, Uruguay, Canadá, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, México, Barbados Y Colombia.

 

Índice GOVTECH 2.020:

Otra muy importante encuesta que se publicó recientemente es el índice Govtech2020[5] el cual se ocupa de la situación en América Latina, España y Portugal.

Este índice analiza 28 indicadores y fuentes primarias para comprender el potencial de los países para actuar en 7 dimensiones de políticas: entorno de innovación, entorno digital, entorno industrial, entorno de políticas, gobierno digital, marcos de compras y cultura de compras.

El resultado es la primera medición integral de los ecosistemas de GovTech en el mundo, y 19 rutas de acción específicas para los países miembros que desean desarrollar asociaciones público-privadas del siglo XXI, hoy.

La aparición de nuevas empresas GovTech es probablemente una de las tendencias más prometedoras en el panorama de la innovación pública en los últimos años.

Los ecosistemas GovTech están formados por una nueva marca de startups basadas en tecnología y basadas en datos con una vocación pública que quieren marcar la diferencia y tener un impacto social.

Es un sector emergente con el potencial de aumentar las capacidades del gobierno para la prestación de servicios, mientras que detona nuevos sectores económicos basados ​​en datos.

En la nueva economía intangible, los datos son, y continuarán siendo, el recurso más importante.

En el siguiente gráfico se muestran los índices para los distintos países.

 

Brecha digital:

En una reciente publicación del FMI[6] se concluye que el bajo acceso a Internet conduce a la desigualdad.

El coronavirus desencadenó una migración masiva de lo analógico a lo digital y el acceso a Internet es crucial para la inclusión socioeconómica.

Internet de alta velocidad es clave para trabajar desde casa, para la educación de los niños cuando no pueden asistir a la escuela en persona, para la telemedicina, para beneficiarse de los programas de apoyo social y para permitir el acceso a servicios financieros para todos, especialmente para aquellos que viven en lugares remotos zonas

La brecha digital es más como un abismo, tanto dentro como entre países.

Aun así, el uso de Internet sigue siendo un lujo: la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet, ya sea a través de un dispositivo móvil o de banda ancha de línea fija.

Como se muestra en este gráfico la brecha digital, la brecha entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no la tienen, es más como un abismo, tanto dentro como entre países.

 

Las economías avanzadas como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá tienen las tasas de acceso más altas. Las grandes economías emergentes muestran grandes disparidades en la proporción de usuarios de Internet en sus poblaciones, que van desde aproximadamente dos tercios en Brasil y México hasta aproximadamente un tercio en India.

 

Respecto a cómo pueden los formuladores de políticas apoyar el acceso asequible y universal a Internet el informe del FMI dice que los gobiernos pueden fomentar un entorno empresarial y normativo amigable con lo digital para el sector privado.  Esto puede ser instrumental para acelerar y financiar inversiones en infraestructura.

Las políticas también deberían estar orientadas a cerrar la brecha de Internet para las empresas.

En definitiva, dado el papel creciente de Internet para la economía y el acceso a los servicios públicos, las políticas para fomentar una recuperación inclusiva deben tener como objetivo abordar la brecha digital dentro y entre los países.

Futuro del teletrabajo:

Una reciente publicación del FMI[7] analiza el futuro del teletrabajo. Se investigó la viabilidad de trabajar desde casa en una gran muestra de economías de mercado avanzadas y emergentes.

Allí se estimó que casi 100 millones de trabajadores en 35 países avanzados y emergentes (de los 189 miembros del FMI) podrían estar en alto riesgo porque no pueden hacer su trabajo de forma remota.

Esto es equivalente al 15 % de su fuerza laboral, en promedio. Pero hay diferencias importantes entre países y trabajadores.

El estudio encontró diferencias significativas entre países, incluso para las mismas ocupaciones.

Es mucho más fácil tele trabajar en Noruega y Singapur que en Turquía, Chile, México, Ecuador y Perú, simplemente porque más de la mitad de los hogares en la mayoría de los países emergentes y en desarrollo ni siquiera tienen una computadora en casa.

En el gráfico se presentan los principales resultados del estudio.

 

En general, los trabajadores de alimentos y alojamiento, y el comercio mayorista y minorista, son los más afectados por tener los trabajos menos “teletrabajables”.

También el estudio concluye que algunos trabajadores son más vulnerables que otros.

Los trabajadores jóvenes y aquellos sin educación universitaria son significativamente menos propensos a trabajar de forma remota.

Las mujeres podrían verse particularmente afectadas, amenazando con deshacer algunas de las ganancias en igualdad de género logradas en las últimas décadas. Esto se debe a que las mujeres se concentran desproporcionadamente en los sectores más afectados, como el servicio de alimentos y el alojamiento y además llevan una carga más pesada de cuidado infantil y quehaceres domésticos, mientras que la provisión de estos servicios en el mercado ha sido interrumpida.

Los trabajadores a tiempo parcial y los empleados de pequeñas y medianas empresas enfrentan un mayor riesgo de pérdida de empleo. Los trabajadores a tiempo parcial suelen ser los primeros en ser despedidos cuando las condiciones económicas se deterioran, y los últimos en ser contratados cuando las condiciones mejoran.

En las economías en desarrollo, en particular, los trabajadores a tiempo parcial y aquellos en el trabajo informal enfrentan un riesgo dramáticamente mayor de caer en la pobreza.

Algunas ideas finales:

Si algo faltaba para destacar la importancia de la digitalización en los países es la actual pandemia del coronavirus que estamos atravesando.

Estoy convencido que apostar por la digitalización debería ser una política de estado, donde se debería trabajar en forma conjunta entre sector público y privado bajo un fuerte apoyo político y una mayor cooperación a nivel internacional.

La digitalización abre nuevas posibilidades y oportunidades a los países y sus ciudadanos para desarrollarse.

Sirva citar como ejemplo a Estonia que apostó fuertemente a ello hace cerca de 30 años y hoy es líder en el tema ya que todos los trámites son online, menos casarse, divorciarse o comprar propiedades[8].

La transformación digital es ahora una parte fundamental del desarrollo sostenible nacional de los países.

Una reciente publicación del BID[9] afirma que el desarrollo de la digitalización, a través de avances en eficiencia y el uso de las tecnologías digitales pueden impulsar un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales en los próximos 10 años en América Latina y el Caribe, lo que supone USD 325.000 millones.

La digitalización cambiará la prestación de servicios de infraestructura y aumentará su eficiencia. Se subraya la necesidad de aplicar estas modificaciones en los sectores de energía, transporte, agua y saneamiento.

La infraestructura será un componente crítico de los esfuerzos por impulsar las economías y reducir las desigualdades tras la pandemia.

Asimismo, todas estas herramientas comentadas en el presente artículo favorecen la transparencia, la cual es el camino para evitar comportamientos discrecionales que dan lugar a corrupción.

La comunidad mundial tendrá que permanecer firme, innovando constantemente incluso en tiempos difíciles, el mundo post coronavirus será diferente y mucho más digital que antes.

Aquellos países que mejor aprovechen el “tren” de la digitalización tendrán sin dudas mejores oportunidades de desarrollarse y brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

Dr. Alfredo Collosa

Agosto 2.20


[2] Por primera vez, los datos de los países miembros de ALC y de la OCDE se pueden comparar utilizando la versión final de OURdata. El Índice realiza un análisis comparativo (benchmark en inglés) del diseño y la implementación de políticas de datos abiertos gubernamentales. Varía de 0 a 1, siendo 0 el puntaje más bajo y 1 el más alto y se compone de tres indicadores, que tienen el mismo peso (0,33): disponibilidad de datos, accesibilidad de datos y apoyo del gobierno a la reutilización de datos. Cada indicador varía de 0 a 0,33.

[3] Manual de derecho informático e informática jurídica I. 2da edición actualizada y ampliada. (Coordinador Bauzá Marcelo). (2018). Página 36. Capítulo 1 por Nahabetian Laura

 

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