La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia por la protección de sus puertos

La Comisión Europea ha incoado una demanda contra España por no haber aún adoptado y puesto en marcha veinte de sus puertos el plan de protección portuaria.
El principal objetivo de la política de protección portuaria europea es implantar medidas de protección en el eslabón marítimo de la cadena logística del transporte, tanto a nivel de buques como de instalaciones portuarias, contra los riesgos de atentados y terrorismo. La Directiva 2005/65/CE, sobre mejora de la protección portuaria, se propone garantizar un nivel de protección elevado e igual en todos los puertos europeos, en particular mediante la aplicación de un plan de protección portuaria que fija las disposiciones que deben adoptarse para garantizar esta protección.
Desde el 15 de junio de 2007, fecha de transposición de la Directiva, la Comisión ha efectuado regularmente inspecciones en el ámbito de la protección marítima con el fin de comprobar, entre otras cosas, la aplicación del plan. La Comisión ha exigido a los Estados miembros que más retraso sufren en el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellos España, que elaboren planes de acción nacionales con fechas límite precisas para las realización de las evaluaciones y los planes de protección portuaria.
Las autoridades españolas se han comprometido a realizar, en colaboración con las diferentes autoridades nacionales y locales afectadas, un plan de acción destinado a lograr, dentro de unos plazos razonables, la aplicación de lo dispuesto en la Directiva en todos los puertos españoles. A pesar de haberse desarrollado un trabajo importante, no ha podido respetarse el plazo que se había fijado para finales de 2013 y las autoridades españolas siguen aún sin adoptar una veintena de planes de protección portuaria.