Reunión con la Cámara Exportadora de Cereales

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega recibieron hoy  en la Casa de Gobierno a representantes de la Cámara Argentina Exportadora de Cereales,  encabezados por Alberto Rodríguez, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).

Participaron en representación del sector, además de Rodríguez, el vocal titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Alfonso Romero; el secretario de la Cámara, Alberto García; los asesores de la Cámara, Gonzalo Ramírez, Alejandro Benvenuto y Pablo Noceda.

Previo a la reunión, en conferencia de prensa, Capitanich adelantó que el tema que se iba a abordar  estaba relacionado con la liquidación de divisas del sector cerealero exportador.

Al respecto dijo: “Existe un stock preexistente de la campaña anterior no liquidada, y existe la proyección desde el punto de vista del flujo de cosecha que implicará efectivamente también una proyección entre 27 a 29.000 millones de dólares de ingresos de divisas para el país. Esta reunión tiene por objeto coordinar las expectativas a los efectos de establecer mecanismos que permitan la liquidación de las mismas y establecer el uso de las mismas para satisfacer otras demandas. Nosotros tenemos que usar las reservas para pagar erogaciones en materia de energía, en tanto y en cuanto las inversiones permitan el autoabastecimiento energético. También utilizamos parte de estas fuentes de financiamiento para pagar servicios de capital e intereses de deuda pública del país y también, por supuesto, el flujo de importaciones. Entonces el desenvolvimiento de la actividad económica está fuertemente influido por el flujo de exportaciones, el flujo de importaciones y el trabajo mancomunado de los diferentes actores del sistema económico.

Capitanich puso de relieve que “la liquidación de divisas está asociada el esfuerzo que hace el Estado. Es muy importante que ustedes sepan y los argentinos sepan que la política cambiaria de flotación administrada ha determinado un tipo de cambio que asocia niveles de convergencia que es razonable para los objetivos de la política económica. Esta definición del gobierno permite que muchos productores generen una tasa de rentabilidad equivalente a 42.000 millones de pesos, en el transcurso del margen bruto adicional de esta presente cosecha. Como ustedes saben, muchos adquieren los insumos en forma previa y a su vez tienen un precio inferior al precio superior al cual venden. Eso implica un margen bruto que va desde el 23 hasta el 37 por ciento, de acuerdo a áreas o cultivos en forma incremental.

“Lo que quiero decir es que el Estado –agrega- coopera para la rentabilidad del sector agropecuario. ¿Cómo coopera el Estado? Coopera a través de múltiples formas, por ejemplo a través del la ley 26.050. Esta es una ley que ha permitido luego por una resolución número 151 del año 2007, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, abarcar cerca de 1.500 productos. ¿Qué significa eso? Significa que herbicidas, fertilizantes, insumos indispensables para el proceso productivo, tienen un impuesto al valor agregado del 10,5 por ciento. ¿Eso qué significa? Significa que es la  mitad del 21 por ciento que es la alícuota general del impuesto al valor agregado (IVA). Y de esto se puede dar cuenta cualquier comerciante que me está escuchando, cualquier kiosquero que me está escuchando, o cualquier dueño de un local de un shopping comercial que me está escuchando. En definitiva, el sector agropecuario por insumos al proceso productivo, paga la mitad de IVA que tiene que afrontar él. Entonces es muy bueno que lo sepan, es decir, la contribución que esto significa por parte del Estado. Lo mismo que las políticas en materia industrial para el sector agropecuario. Ha habido recursos como por ejemplo bonos denominados popularmente bonos de capital, que es un reintegro del 14 por ciento para los bienes de capital producidos localmente. Es prácticamente una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos. ¿Para qué? Para maquinarias, herramientas que se produzcan localmente, para articular una cadena de valor que efectivamente permita abastecer la demanda de la producción agroalimentaria en la Argentina. Lo mismo que REFOP, que es un programa de renovación de flota de automotores de casi 4.000 millones de pesos. En definitiva, son 20.000 millones de pesos los que asigna el Estado en materia de política agroindustrial, o lo que significó aportes del INTI por 2.177 millones de pesos, o lo que significó los 67.223 millones de pesos en políticas crediticias por parte del Banco de la Nación Argentina, o lo que significa definitivamente asignaturas pendientes para el sector, por ejemplo el 65 por ciento de empleo no registrado, que implica una evasión de carácter previsional por 17.000 millones de pesos. Finalmente, muchos trabajadores rurales, cerca de 600.000, no tienen la posibilidad de una obra social, de una jubilación anticipada, de cobertura de riesgo de trabajo, y eso tiene mucho que ver con esta perspectiva de no estar registrado. Creemos que cerca de 600.000 trabajadores, que a pesar de los esfuerzos del gobierno por haber promulgado oportunamente el 25 de agosto del año 2008 la ley de Corresponsabilidad Gremial, todavía es una herramienta insuficiente. Esto implica un ahorro para cada productor de casi 2.000 pesos, y eso implica un impacto muy significativo desde el punto de vista previsional, 17.000 millones de pesos que es un costo previsional para el sector público. Sigo destacando desde 4.605 millones de pesos de políticas activas del sector agropecuario vinculado al Ministerio de Agricultura, 33.000 millones de pesos de obras de infraestructura de distintas características, desde recursos adicionales como el Belgrano Cargas para el sistema ferroviario, hasta la cuenca del Río Salado, hasta obras hídricas, en fin, son inversiones muy significativas, o lo mismo el Fondo Federal Solidario.

«Entonces el mensaje es: que todos aquellos quienes tienen hoy la responsabilidad de liquidar exportaciones, o mejor dicho liquidar parte de sus tenencias en un activo que es dolarizado como un bien determinado como es la soja, lo deben hacer en solidaridad con el esfuerzo que han hecho todos los argentinos para darle competitividad al sector.

«Creo que esta es la cuestión central, esto no es una cuestión que tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con el Estado y tiene que ver con todos los argentinos. Tenemos que pensar no en las cuestiones de cada uno, sino del conjunto, porque en definitiva lo que pretende el gobierno es estimular la producción de bienes y servicios, el incremento de exportaciones, la generación de empleos adicionales y la continua mejora de los salarios», finalizó Capitanich.