Buenos Aires, Sabado, 22 de Julio
17 julio, 2017 23:40 Imprimir

Doctrina

Falsificación marcaria: Una visión muy estrecha (Por: Dr. Roberto J. Porcel)

FALSIFICACIÓN MARCARIA: UNA VISIÓN MUY ESTRECHA

 

por Dr. Roberto Porcel

 

En un muy reciente seminario organizado por la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, “especialistas” en la persecución contra el fraude marcario que participaron de la reunión, concluyeron que el problema de la falsificación en nuestro país sería consecuencia de la protección política que se estaría brindando a la piratería. Para arribar a esta conclusión, partieron de la premisa, que resaltaron y destacaron, en cuanto a que la normativa actual es la adecuada, y que simplemente no existe voluntad política y judicial para aplicar la ley

Debo confesar que ya a esta altura, me supera y agobia tanto mezquindad de pensamiento, pues todos sabemos que no hay peor mentira que una verdad a medias.

 

Se señaló así, que de las 4193 denuncias que se formularon entre el año 2000 y el 2007 por delitos contra patentes y marcas en la Capital Federal, sólo 163 fueron elevadas a juicio y apenas 15 terminaron en condena.

 

Pero adjudicaron la culpa de esta situación a la política y a los jueces, cuando en rigor  a nadie se le escapa o se le puede escapar, siendo intelectualmente honestos, que la verdadera responsable de esta circunstancia es precisamente, la ineficacia de la actual legislación.

 

Una vez más, el art. 61 del Acuerdo TRIPs establece que: “Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente…”

 

Nuestra actual ley 22.362 contempla en su art. 31, -contrariamente a lo que comprometimos en el citado Tratado Internacional-, una pena que va de los tres meses a los dos años de prisión. Dicha penalidad que seguramente era acertada al momento de redacción de la ley para la realidad que se vivía en la época, ha quedado totalmente desvirtuada en la actualidad, no solo por la evolución y gravedad que adquirió el delito marcario en los últimos tiempos, sino también por las sucesivas modificaciones que fue experimentado nuestro Código de Fondo en materia Penal, que desnaturalizaron y relativizaron totalmente la pena originalmente establecida.

 

Hoy se ha vuelto una ilusión, primero llegar a una sentencia sin que la causa se prescriba; y si este escollo se lograra sortear, tan solo acogiéndose y recurriendo al beneficio de la “probation” se elude la sentencia y se extingue la acción penal. Esto en función y al amparo de la actual legislación.

 

Luego, pregunto al lector entonces, que responsabilidad le cabe al poder político o a los jueces?

 

Por cierto que muchas veces nos encontramos con jueces que como sostuvo en alguna oportunidad el Ministro de Salud de la Nación, pareciera que están en la función para que no se aplique la ley.

 

El fallo que han comentando recientemente los medios respecto de lo resuelto por la Cámara  Federal Penal de Tucumán con relación a una desestimación de una denuncia por falsificación de zapatillas es una demostración de esto que se comenta. Ver http://robertoporcel.blogspot.com/2007/08/para-cierta-justicia-no-es-delito.html

 

También es cierto que desde el Poder Legislativo no se hace absolutamente nada para modificar la legislación actual y readecuarla a los tiempos que corren; obviamente que con las excepciones que siempre hay, como en este caso sucede con la senadora Curletti y/o el diputado Ritondo que no cejan en el intento. Pero son tan solo pequeñas islas en el medio del mar.

 

Mientras tanto, continuamos asistiendo a aberraciones jurídicas, como ver que se procesa al enfermero que aplicó la inyección de hierro adulterada en Río Negro, en lugar de castigar a los verdaderos responsables del delito. O simplemente nos vemos obligados quienes creemos que la falsificación de marcas es un delito, a aconsejar a nuestros clientes a no recurrir al proceso penal atento la manifiesta ineficacia de la actual legislación.

 

Pero para estos otros colegas, contrariamente, la actual legislación es acertada y adecuada.

 

Acabemos con los discursos cínicos. Estos “especialistas” no quieren sencillamente que se modifique la ley. Ley con la que se llegó a esta situación en la que resulta imposible llegar a una condena. Ley con la que asistimos a una falsificación que afecta al Fisco en algo más de veinticinco mil millones de pesos al año. Ley que viola lo comprometido por el Acuerdo TRIPs. Ley que de ninguna manera desalienta en la comisión del delito. Ley que es totalmente desproporcionada comparándola con las leyes que castigan los otros casos de piratería. Ley que se ha quedado en el tiempo, y que no contempla conductas que hoy no se pueden ni deben soslayar mas.

 

Hasta aquí, habría que concluir entonces pues, que lo que no quieren verdaderamente estos colegas en rigor, es que se modifique el actual status quo del delito de falsificación de marcas.

 

Se quejan de ferias como La Salada pero se niegan a encuadrar la conducta de sus hacedores ni a revisar la conducta de los compradores. Hablan de negocios políticos en estas ferias, pero nada dicen de lo que ocurre con las ferias virtuales en las que seguramente no existe la posibilidad de favores políticos y que comprometen volúmenes de venta mas importantes aún que las ferias territoriales. Tan solo ver la demanda que le acaba de iniciar L’Oreal a eBay en cinco países de Europa. Ver http://robertoporcel.blogspot.com/2007/09/loreal-demand-ebay-por-venta-de.html

 

Reconocen lo que se está actuando desde la Aduana, pero se quejan que con relación a lo que se fabrica en el país no queda claro que haya una “proactividad manifiesta para combatirlo”.

 

Una vez mas pregunto, con que herramientas se pretende se lo combata? , Y continúo cuestionando, ¿quién debe combatirlo en todo caso?

 

La “proactividad” que se reclama, debiera comenzar con la readecuación de la ley a la que sistemáticamente se opone un vasto sector de colegas, quizás desde una posición interesada, temiendo que la eficacia del proceso penal pueda opacar la suerte del proceso civil. A no dudar, una visión muy estrecha del problema.

 

Es hora que no se adjudiquen mas culpas ajenas y reconozcamos nuestras propias falencias y limitaciones. Entremos en el debate franco; pero recordemos que no hay debate cuando no se invita a debatir a quienes no queremos escuchar o no podemos refutar.

 

Dr. Roberto J. Porcel

Porcel & Cabo Abogados

Socio

www.porcelycabo.com

http://robertoporcel.blogspot.com

Septiembre 2007

 

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