Brasil: Ley que castiga a las empresas involucradas en la corrupción entre en vigor

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Ley Contra la Corrupción de negocios establece que las corporaciones, fundaciones y asociaciones responderán a civil y administrativa cada vez que un representante de causar daños a la propiedad pública

La ley federal de establecer sanciones para las empresas y los individuos cuyos empleados o agentes o representantes corruptos ofertas fraudem pública entrarán en vigor el miércoles (29). Sancionado por la presidenta Dilma Rousseff, se aprobó una ley por el Congreso en respuesta a las protestas populares en junio de 2013 salieron a las calles en todo el país con las demandas, entre otras cosas, el fin de la corrupción.

Publicada en el Boletín Oficial de 2 de agosto de 2013, la llamada Compañía Ley Anticorrupción ( Ley N º 12846 ), establece que las empresas, las fundaciones y las asociaciones responderán civil y administrativamente siempre que la acción de un empleado o representante de causar daños a la propiedad pública o infringir los principios de la administración pública o de los compromisos internacionales asumidos por el Brasil. Se llama responsabilidad objetiva, siempre que los ámbitos civil y administrativo.

La ley establece multas a las empresas que están condenados. Los valores pueden oscilar entre el 0,1% y el 20% de los ingresos brutos de la empresa.No es posible fijar la pena en base a este criterio, el valor puede ir de £ 6.000 a £ 60 millones – es una pena que no se oponen al requisito de la compañía repare plenamente el daño causado a las arcas públicas. La notificación de multa debe ser publicada en los medios de circulación general, dar publicidad al hecho cargo del propio condenado. El nombre de la empresa seguirá siendo inscrita en el Registro Nacional de Empresas castigados (CNEP), creado por la ley.

Una condena por acto administrativo ilegal no excluye la posibilidad de que la empresa o entidad será responsable ante el tribunal ni el castigo individual a sus funcionarios o directores. Además de la multa, la empresa o entidad todavía pueden tener sus activos incautados y suspendidas en sus actividades o interceptados. Dependiendo de la gravedad del caso, el tribunal puede determinar que incluye la liquidación obligatoria de la empresa o entidad.

Según el secretario de Transparencia y Prevención de la Corrupción, la Contraloría General de la Unión (CGU), Sergio Seabra, la ley es importante para permitir la rendición de cuentas de los corrompe. En Brasil, históricamente, el castigo recae casi exclusivamente en los servidores públicos que se dejan corromper y aceptar ventajas indebidas en beneficio de personas o entidades.

«Las empresas que no tratan el asunto con la debida atención se dará cuenta de que es mucho mejor invertir en la ética y la integridad de las apuestas sobre la impunidad en un modelo de negocio arcaico», dijo Seabra.

También de acuerdo con el secretario, la nueva ley tiene una finalidad pedagógica que considerar también la posibilidad de que las empresas que han implementado mecanismos corporativos para prevenir y combatir la corrupción han mitigado los daños sufridos en caso de que responda por la iniciativa de un empleado. «No va a ser suficiente para alegar que tenía, denunciando las herramientas de control. Para la compañía ha bajado el tono de su pluma, si experimentan cualquier problema de este tipo, tendrá que demostrar que los mecanismos adoptados son eficaces y que ya estaban en su lugar.»

La expectativa es que el decreto que regula los aspectos de procedimiento como rito, los criterios para la imposición de multas, las responsabilidades de cada órgano de control, hechos agravantes o atenuantes de la práctica empresarial ilícita y qué mecanismos de control de las irregularidades se publican a la entrada de la ley en vigor, es decir, hasta el miércoles. Después de eso, la Contraloría de los estados y municipios deben editar sus normas locales. «Hemos conversado ampliamente con los representantes de los estados y municipios, y hay un gran interés en que los reglamentos de todas las clases sociales son los más posibles armónicos para evitar lagunas, confusión y inseguridad jurídica «, dijo el secretario.

Para Marina Martins Hierro, coordinador de proyectos del Instituto Ethos, una organización de la sociedad civil de interés público (Oscip), que reúne a más de 250 empresas de todo el Pacto Empresarial por la Integridad y contra la Corrupción, la nueva legislación puede convertirse en un punto de inflexión .«El castigo de las personas jurídicas podrá traer un cambio cultural. Eso es lo que la ley no sólo punitiva sino también para inhibir y educar. Para evitar multas de alto valor, las empresas serán menos complacientes. Tanto hemos visto en los últimos meses, un mayor interés por parte de empresas mecanismos para evitar este tipo de prácticas «.

Bajo la nueva ley, son perjudiciales para la promesa de servicio público, el ofrecimiento o la concesión, directa o indirectamente, un beneficio indebido a un funcionario público o una persona vinculada con él los actos, finanzas, fondo, patrocinar o subsidiar la conducta ilícita; ocultar o encubrir intereses reales o la identidad del beneficiario de los actos y de defraudar o impedir licitaciones públicas y contratos. También están sujetos a las sociedades de responsabilidad o entidades que ofrecen ventajas a la persona responsable de la licitación pública, que se crean de manera fraudulenta o irregular sólo para asistir a licitación pública o celebrar contratos administrativos; fraudarem que manejan o el equilibrio económico-financiero de los contratos administración pública y obstaculizar la investigación o supervisión por parte de las agencias, autoridades o funcionarios públicos y los que intervienen en las acciones de los reguladores y los órganos de control del sistema financiero nacional.

 

Fuente: http://www.brasil.gov.br/