UIF busca hoy consenso antilavado de Unasur en Perú

La misión argentina que asiste hoy a la reunión de Unasur que se realiza en Perú pondrá sobre la mesa los detalles de los delitos financieros que explotaron a partir de las denuncias de Hernán Arbizu, a fin de buscar que el lavado concretado por el JP Morgan y el BNP Paribas en el país sea tomado como caso testigo que empiece a poner límites más duros a ese tipo de actividad en la región.

«La idea es lograr un acuerdo que no sea solamente ideológico, queremos que todos los países actúen en lo concreto y no solamente en el costado declarativo», sostuvo el titular del organismo que encabezará la presentación oficial, José Sbattella, en declaraciones a Tiempo Argentino.

Unos 20 ministros se darán cita en la I Reunión Ordinaria de Ministros del Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), se  efectúa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (MINJUS).

La delegación argentina cumplirá con los pasos formales y en primer término apoyará el consenso en la aprobación de los capítulos que tratarán  todos los ministros de Seguridad de la región.

Sin embargo, su mayor interés estará ubicado en la puerta que se abrirá una vez terminada la actividad de la agenda general.

Cada país contará con la posibilidad de elevar el tratamiento de los casos que le interesan particularmente por ocupar un lugar prioritario en su propia agenda, y ahí entrará en juego la presentación que armó la UIF.

Los representantes argentinos van a plantear que todos los países sufren la actividad ilícita de las grandes empresas de finanzas internacionales, y que esto debe ser abarcado integralmente por las áreas de seguridad y control.

Para esto sacará la carta de las revelaciones del caso de Hernán Arbizu, que fue gerente general para América Latina del JP Morgan y se autodenunció, revelando así toda una serie de maniobras que hasta el momento solo se manejaban en el nivel teórico, sin ejemplos detallados a nivel judicial en la historia económica regional.

Hace décadas que estos grupos empresarios trasladan fondos –muchas veces provenientes de evasión impositiva– hacia paraísos fiscales,  protegiendo la identidad de los propietarios, lo que significa un golpe para los Estados latinoamericanos, que sufren las corridas cambiarias profundizadas por estos mismos privados.

«Es la primera vez que se explican paso a paso las maniobras que se llevan adelante en América Latina y en Argentina en particular, y aunque es un caso judicializado en el país, porque las empresas son locales, sabemos que la situación se repetía en Chile y otros países. Es la oportunidad de mostrarles a todos cómo es que se opera en su territorio», subrayó Sbattella.

Los funcionarios aprovecharán el presente de Perú, se realiza la reunión, para ejemplificar la importancia del trabajo conjunto. El país que encabeza Ollanta Humala sufre una corrida del dólar que obliga al Banco Central a desprenderse de una gran cantidad de dólares con el objetivo de sostener el tipo de cambio, y según el análisis del gobierno nacional «detrás de toda esa maniobra están las estructuras empresarias que facilitan la salida del dinero y asesoran en el tema, tal como pasó en Argentina a fines de 2011».

Con eso como base, se mostrará paso a paso cómo es la metodología de trabajo privada para que la responsabilidad del combate no sea asumida por un solo país, sino en conjunto por toda la región.

Más allá de las diferencias políticas que se pueden encontrar en los modelos de cada gobierno, la maniobra se adapta a las necesidad de cada caso en particular, cuestión por la que la expectativa es que la propuesta de trabajo conjunto sea bien recibida por todos los países que forman parte de Unasur.

«No importa si gobierna un sector que piensa distinto a la ortodoxia económica o no, porque aunque haya mayor o menor apertura y les sea más o menos fácil, siempre impulsan la estrategia para provocar la corrida, y eso perjudica a cualquier estado. La tienen como una reserva para hackear el modelo en determinado momento, hacer negocios rápidos con devaluación y luego comprar los activos de cada país en una situación más conveniente para sus bolsillos», sostuvo Sbattella.

Esa es la razón por la que el gobierno argentino pretende que exista un trabajo coordinado entre todos los gobiernos de la región. La intención es que además de una denuncia a lo que ocurrió en Argentina con el JP Morgan y el BNP Paribas, la exposición del lunes signifique el establecimiento de un futuro intercambio de información entre los gobiernos que ayude a ponerle límites a los grandes grupos financieros.

«No sé si surgirá un régimen particular de trabajo, pero lo que queremos es que se investigue en todos los territorios, y que sea operativo para facilitar la detección de las maniobras en cada país y las semejanzas entre los procesos. Así los sectores judiciales podrán actuar, explicar la metodología y mostrarla en un caso en concreto, cosa que sirve mucho más que toda la denuncia teórica que existía hasta ahora en la región”, agregó Sbattella. «

La primera denuncia con detalles

El caso en el que la UIF hará hincapié  para ubicar como caso testigo de la región es el que desató a mediados de 2008 Hernán Arbizu, ejecutivo para América Latina del JP Morgan, que denunció las maniobras de lavado ante el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Penal y Correccional 12.

Aunque el ejecutivo se autodenunció, también elevó al poder judicial una copia de las 469 empresas y personas físicas argentinas y chilenas a las cuales prestó sus servicios para lavar y fugar dinero.

La banca privada le daba toda la estructura para poder concretar el plan, y según las declaraciones de Arbizu al menos otros seis banqueros que ocupaban su mismo lugar en otros países concretaban la misma estrategia en la región.

De ese dato se desprende que todo lo recopilado en la Argentina servirá para facilitar y profundizar las investigaciones a lo largo de toda América Latina.